RIGI en Argentina: qué ofrece a los grandes proyectos y qué implica para un español

Una empresa española que estudia invertir 500.000 € en Argentina no puede acogerse al RIGI. La entrada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones empieza en 200 millones de US$ en activos computables por proyecto. Para quien se muda al país, su importancia suele estar en otro lugar: los puestos cualificados y los contratos que pueden generar esos proyectos.

El RIGI nació como Título VII de la Ley 27.742, la Ley Bases de 2024. A cambio de una inversión de esa escala, fija el Impuesto a las Ganancias del proyecto en el 25%, libera progresivamente las divisas de sus exportaciones y protege sus incentivos durante 30 años. El Decreto 749/2024 lo reglamenta y el Decreto 105/2026 amplió el plazo para adherirse hasta el 8 de julio de 2027.

La inversión que puede entrar

El mínimo general es de 200 millones de US$, aunque la reglamentación puede exigir hasta 900 millones según el sector. El Decreto 105/2026 modificó los umbrales para algunos proyectos de hidrocarburos. Los proyectos de exportación estratégica de largo plazo, llamados PEELP, tienen su propia exigencia por etapa.

Cada candidatura se presenta mediante un vehículo de propósito único (VPU) con un Plan de Inversión. El Ministerio de Economía dispone de 45 días para pedir ampliaciones y resolver; una vez aprobado el plan, ARCA asigna al proyecto una CUIT especial. El plan debe prever una inversión temprana de al menos el 40% del mínimo en los dos primeros años, porcentaje que la reglamentación permite reducir hasta el 20%, y comprometer como mínimo el 20% de la inversión en pagos a proveedores locales.

La ley impide dividir artificialmente un proyecto grande para cumplir el umbral con varios expedientes pequeños. También excluye a personas o sociedades con quiebra, condenas firmes por corrupción o delitos tributarios o aduaneros, o deudas fiscales exigibles.

Qué recibe el proyecto aprobado

La ventaja fiscal empieza con una alícuota fija del 25% en Ganancias, frente al tipo general que llega al 35%. También hay amortización acelerada y quebrantos deducibles sin límite de tiempo, transferibles a terceros desde el quinto año. Los dividendos soportan una retención del 7%, que baja al 3,5% a partir del séptimo año de adhesión.

El IVA de bienes de uso, importaciones y obras del proyecto se puede cancelar con Certificados de Crédito Fiscal. Los bienes de capital se importan sin derechos ni percepciones; las exportaciones quedan libres de retenciones desde el tercer año de adhesión, o desde el segundo para los PEELP. Es un conjunto de ventajas concretas, no una exención de todos los impuestos.

Para un proyecto exportador, el calendario cambiario pesa tanto como los impuestos. Puede disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones desde el segundo año, del 40% desde el tercero y del 100% desde el cuarto. En los PEELP esos porcentajes llegan en los años primero, segundo y tercero respectivamente; los aportes y préstamos del exterior también tienen libre disponibilidad. El Decreto 105/2026 precisó las reglas de acceso al mercado de cambios y de amortización e incorporó nuevos desarrollos de petróleo y gas.

El alcance de los 30 años de estabilidad

Desde la adhesión, el proyecto recibe 30 años de estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria: una norma posterior no puede empeorar sus incentivos. El Estado garantiza además la disponibilidad de la producción, el acceso al mercado de cambios y la protección frente a la confiscación. La protección corresponde al proyecto adherido; el tipo de cambio general puede variar y el resto de la economía puede seguir sujeto a controles.

Si surge una disputa con el Estado argentino sobre el régimen, el inversor puede optar por el arbitraje internacional ante el CIADI o bajo las reglas de la CNUDMI. Los conflictos ordinarios siguen en los tribunales argentinos. Argentina acumula condenas multimillonarias en arbitrajes internacionales, uno de los motivos del debate político sobre estas garantías.

También hay un coste público. Una estimación recogida por Ámbito situaba el gasto tributario de los proyectos aprobados en unos 3.359 millones de US$ anuales. Las críticas se centran en ese coste, el trato de privilegio frente a las pymes locales y la duración de las concesiones.

Dónde puede encajar un español

Si tu plan de inversión es de 50.000 o 500.000 €, el RIGI queda fuera de alcance. En cambio, el requisito de pagos a proveedores locales puede abrir contratos a empresas de ingeniería, construcción, logística y servicios técnicos, también cuando tienen capital español y operan en Argentina. El Ministerio de Economía publica el listado de proyectos aprobados, un punto de partida para entender qué empresas los impulsan.

Los proyectos de minería de litio y cobre, hidrocarburos y energía pueden demandar perfiles de ingeniería, permisos ambientales y derecho societario, sobre todo en Neuquén, Salta, Jujuy y Santa Cruz. Como inversor en cartera, puedes encontrar expectativas sobre el RIGI reflejadas en las cotizaciones de grandes empresas argentinas de energía y minería; comprar sus acciones sigue siendo una inversión distinta de adherirse al régimen.

En febrero de 2026, al anunciarse la prórroga, había diez proyectos aprobados que sumaban 25.479 millones de US$ de inversión comprometida. Ese dinero se desembolsará durante años. Las cifras de cartera superiores a 50.000 millones de US$ incluyen además proyectos en evaluación y anuncios: para estimar trabajo o contratos próximos, importa saber en qué estado está cada uno.

El RIGI es un régimen de incentivos para empresas y no da ciudadanía ni residencia. Quien busque la nacionalidad por inversión tiene otra vía anunciada el 2 de octubre de 2026, explicada en la guía de la ciudadanía por inversión para españoles. Para preparar una solicitud de este programa recomendamos el servicio de ciudadanía por inversión de Lucero Legal, un despacho de Buenos Aires especializado en inmigración y ciudadanía.